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DIAGNÓSTICOFrente a la idea de hacer de la participación ciudadana el eje central de la actividad social y política, se hace de la participación una cuestión meramente formal y fuertemente institucionalizada. De la democracia representativa o delegada a la democracia participativa, hay saltos no meramente cuantitativos sino también cualitativos, de interpretación del fenómeno del poder, el derecho y la democracia. En cualquier caso el debate entre legalidad y legitimidad planteado en términos de exclusión, como se da en la actualidad, invalida las posibilidades de avanzar en la complementariedad entre las instituciones y la sociedad civil, para poder hacerlo falta el presupuesto previo del reconocimiento mutuo.A nadie se le ocurre hoy cuestionar, al menos públicamente y aunque sólo sea por criterios estéticos o de mera legalidad, la necesidad de una participación activa de los ciudadanos en la vida política, cultural, económica y social. Incluso los ordenamientos legales recogen expresamente el derecho a la participación, la pregunta entonces no es participación sí o no, sino su cualificación, si la apuesta es por una participación real o virtual.La participación supone el desarrollo necesario de los principios democráticos: el ejercicio de un derecho que trata de ampliar los estrechos márgenes de la participación política formal que se reduce en la práctica, casi exclusivamente, al ejercicio del derecho de sufragio. Este mecanismo permite corregir las tendencias más rígidas de la participación formal que deja a los partidos políticos como únicos canalizadores de la voluntad ciudadana, ampliando las posibilidades de la acción política y la capacidad del sistema para articular la voluntad de los ciudadanos y plasmarla en proyectos concretos.El derecho a y el deber de- la participación en la res publica, no se concibe per se como algo innato a las sociedades policéntricas, con niveles de vertebración muy superiores a la simple identificación del estímulo mecánico propaganda-voto electoral, sino que más parece provenir de una concesión graciosa de su majestad Leviatán. Así, las formas de representación y articulación de la voluntad popular quedan más que limitadas, secuestradas, en la vorágine electoral cuatrianual. La única vía de participación social directa es la exposición pública de los proyectos y, en algunos casos, su sometimiento a la Declaración de Impacto Ambiental, lo que significa un mes para analizar tochos de cientos o miles de páginas, sin disponer de copias ni planos cabales de los proyectos, sin que existan siquiera espacios físicos para consultar la documentación. El resultado de tan ímprobos esfuerzos, una carta redactada a troquel en respuesta a todas las alegaciones, donde se vuelven a recoger literalmente partes del documento inicial sin razonar los motivos que llevan a la administración de turno a rechazar las alegaciones presentadas, esto en el menos malo de los casos, en la mayoría un silencio inmisericorde. La vertebración necesaria se asienta en una red de ciudadan@s que participe en todos los ámbitos de la gestión de lo público, máxime en los aspectos relacionados con el territorio, que no responden a la lógica del tiempo lineal sino a la del tiempo circular de la naturaleza. La legitimidad para tomar decisiones con efectos irreversibles que van a afectar a las siguientes generaciones, no puede asentarse en exiguas minorías parlamentarias, debe contar con el consenso social mayoritario vehiculizado a través de los movimientos sociales mediante instrumentos de participación directa de la ciudadanía.A corto plazo y con carácter de urgencia, en lo que sí se puede es casi obligatorio- avanzar, es en poner en valor el actual modelo de participación, removiendo los obstáculos que lo hacen totalmente inoperante.2. Hacer operativos los actuales instrumentos de participación. Medida que se sustancia en la creación de permanentes periódicas en los órganos de participación habilitados con presencia de la parte social, para la configuración de los órdenes del día, confección y envío del material suficiente relativo a los temas a tratar. En los procesos de información pública comunicación inmediata a los grupos sociales interesados con inclusión de los recursos posibles e indicación de la persona concreta encargada de la tramitación.3. Avanzar en experiencias de base participativa. Una medida que se materializa, desde el establecimiento sistemático de consultas directas y referéndums en temas de especial trascendencia y en aquellos que exista controversia social. Comisiones abiertas al público en todos los niveles de la administración con especial incidencia en el marco local, abrir las puertas a la iniciativa legislativa popular sin requisitos draconianos e introducir en el corpus jurídico mecanismos reglados de participación activa de la sociedad civil con carácter vinculante.4. Reconocimiento positivo de la interlocución de los grupos sociales. Una medida que se concreta, en el reconocimiento jurídico del carácter de parte legítima para los grupos organizados que así lo soliciten en su marco de actuación, en la gratuidad en la tramitación de los recursos interpuestos siempre que por sentencia judicial no se declaren infundados, y en la financiación de los gastos acreditados por los grupos sociales para su funcionamiento, desterrando la actual política de subvenciones.
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